Detrás de cada obra pública, cada subvención, cada contrato y cada decisión administrativa hay dinero que sale, directa o indirectamente, del bolsillo de los ciudadanos. En “Son tus impuestos”, Digital Menorca analiza cómo se gestionan esos recursos, qué decisiones toman las administraciones y qué consecuencias tienen para los menorquines. Información, datos y preguntas incómodas para entender dónde acaba nuestro dinero y quién decide sobre él.
Un incendio forestal no debería convertirse nunca en una oportunidad urbanística. Pero tampoco basta con repetir que un terreno quemado queda automáticamente blindado durante 30 años.
La realidad jurídica es más compleja. Y conocerla importa, especialmente en una isla como Menorca, donde el suelo rústico es limitado, la presión sobre el territorio crece y cada nueva infraestructura energética abre un debate sobre quién decide, dónde y con qué condiciones.
La regla de los 30 años existe
El artículo 50 de la Ley 43/2003 de Montes establece que, con carácter general, queda prohibido cambiar el uso forestal de un terreno incendiado durante al menos 30 años. La finalidad es evidente: impedir que un incendio termine facilitando una transformación del suelo que, antes del fuego, podía resultar mucho más difícil. (BOE)
Pero esa misma legislación contempla excepciones.
La reforma introducida en 2015 permite que las comunidades autónomas acuerden determinadas excepciones cuando el cambio de uso ya estaba previsto antes del incendio mediante un instrumento de planeamiento aprobado o en determinadas fases de tramitación ambiental. (BOE)
También existe otra vía excepcional cuando concurren razones imperiosas de interés público de primer orden. En ese supuesto, la ley exige medidas compensatorias destinadas a recuperar una superficie forestal equivalente a la afectada. (BOE)
Y aquí aparece la pregunta incómoda.
El problema no es solo lo que dice la ley
La cuestión que debería preocupar a cualquier ciudadano no es únicamente si existe una puerta legal.
La pregunta es quién puede utilizarla, en qué circunstancias, con qué controles y quién termina beneficiándose de una transformación del territorio.
Porque un incendio puede destruir un bosque en unas horas, pero las decisiones administrativas que afectan posteriormente a ese suelo pueden prolongarse durante años.
Por eso resulta especialmente importante conocer qué proyectos estaban previstos antes de un incendio, qué autorizaciones habían obtenido, qué evaluaciones ambientales se habían realizado y qué administración tomó cada decisión.
No hace falta hablar de conspiraciones para exigir transparencia.
La energía renovable también necesita reglas
El debate tiene una traducción especialmente cercana para los menorquines.
Baleares reconoce oficialmente que la implantación de grandes instalaciones fotovoltaicas en suelo rústico plantea un problema territorial debido a la limitada disponibilidad de suelo en las islas. El propio Govern ha señalado la necesidad de compatibilizar las renovables con la actividad agrícola y con otros usos existentes. (Web GOIB)
Y Menorca no está fuera de ese debate.
Actualmente existen proyectos fotovoltaicos y energéticos sometidos a diferentes procedimientos administrativos en la isla. Entre ellos aparecen iniciativas en Maó, Alaior y Ciutadella. (Web GOIB)
El Govern ha llegado incluso a establecer nuevos criterios ambientales para estos proyectos, priorizando áreas industriales, zonas degradadas y otros espacios de menor valor ambiental, además de fomentar soluciones como la agrovoltaica. (Web GOIB)
Es una dirección que merece ser analizada.
Menorca necesita mirar antes de autorizar
La cuestión fundamental debería ser sencilla: ¿por qué colocar determinadas infraestructuras sobre suelo rústico cuando existen alternativas ya transformadas?
En junio de 2026 entró en vigor en Baleares una moratoria para ordenar los nuevos proyectos fotovoltaicos en suelo rústico mientras se prepara una nueva planificación energética. La propia Administración reconoce la necesidad de compatibilizar la transición energética con la protección del suelo rústico, la actividad agraria y los valores ambientales y paisajísticos. (Web GOIB)
Es precisamente aquí donde el ciudadano tiene derecho a exigir explicaciones.
¿Qué terrenos se eligen?
¿Por qué esos y no otros?
¿Qué alternativas se han estudiado?
¿Cuánto dinero público interviene?
¿Qué beneficios obtiene el promotor?
¿Y qué coste territorial queda para los ciudadanos?
El dinero público también debe vigilar el territorio
La categoría “Son tus impuestos” no habla únicamente de cuánto pagamos.
También habla de qué hacen las administraciones con ese dinero y de cómo utilizan las herramientas legales que tienen a su disposición.
Un ejemplo interesante está precisamente en Ciutadella. El Govern ha anunciado una inversión de 11,3 millones de euros para dos instalaciones fotovoltaicas sobre balsas de riego, con una potencia conjunta aproximada de 3,3 MW. La actuación se presenta como una forma de generar energía renovable sin ocupar nuevo suelo rústico. (Web GOIB)
Ese modelo plantea una pregunta lógica: si existen fórmulas para producir energía aprovechando infraestructuras ya existentes, ¿por qué no convertirlas en una prioridad?
La pregunta que queda abierta
El vídeo que ha provocado este debate lanza acusaciones mucho más contundentes sobre incendios, recalificaciones y proyectos energéticos. Algunas de esas afirmaciones requieren pruebas específicas y no pueden darse por demostradas simplemente porque aparezcan en una publicación viral.
Pero hay algo que sí está demostrado documentalmente: la Ley de Montes establece una protección de 30 años y, al mismo tiempo, contempla excepciones. (BOE)
Y eso debería bastar para abrir un debate serio.
En Menorca, donde cada hectárea de suelo rústico tiene un valor ambiental, agrícola y paisajístico difícil de sustituir, la pregunta no debería ser únicamente qué permite la ley.
Debería ser también qué territorio queremos dejar a quienes vienen detrás y cuánto nos cuesta tomar cada decisión.
Porque la transición energética es necesaria.
Pero la transparencia también.
AUTOR: A. Mar
ACTUALIZADO: 22 de Agosto de 2026
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