¿Sabes en qué se gasta el dinero que pagas en impuestos? En Son tus impuestos analizamos cómo las administraciones públicas gestionan los recursos que salen del bolsillo de los ciudadanos.
Subvenciones, contratos, ayudas públicas, organismos, empresas, convenios y todo aquello que se financia con dinero de los contribuyentes. Porque el dinero público no es de los políticos ni de las administraciones: es de todos.
En Digital Menorca ponemos los datos sobre la mesa, revisamos las cuentas y señalamos aquello que merece una explicación. Sin partidismos y sin mirar hacia otro lado. Porque conocer cómo se utiliza nuestro dinero también es una forma de exigir transparencia y responsabilidad.
Son tus impuestos. Tienes derecho a saber dónde van.
Cruz Roja Española ocupa un lugar difícil de discutir en la sociedad española. Su presencia en emergencias, catástrofes y situaciones de vulnerabilidad es conocida por todos. Pero cuando una organización social maneja más de 1.100 millones de euros al año, recibe cientos de millones de las administraciones y emplea a miles de trabajadores, resulta legítimo preguntarse cómo se administra ese dinero y hasta qué punto mantiene su independencia.
La cuestión también afecta a Menorca, donde Cruz Roja recibe fondos públicos y participa en distintos servicios y programas sociales.
Más de 1.100 millones de euros al año
Los datos de la propia Cruz Roja permiten dimensionar la organización. En 2024 registró 1.114,1 millones de euros de ingresos. De ellos, 510,9 millones correspondieron a salarios y beneficios de empleados, 298 millones a gastos operativos y 273,8 millones a ayudas y recursos destinados a la comunidad. (Cruz Roja)
Eso significa que los gastos de personal representaron aproximadamente el 45,9 % de todos los ingresos.
La cifra merece atención, aunque debe interpretarse correctamente: no significa que casi la mitad del dinero se vaya a los directivos. La mayor parte corresponde al conjunto de trabajadores de una organización que declara tener una estructura de más de 10.000 empleados.
Pero sí plantea una pregunta razonable: ¿cuánto dinero de cada euro gestionado termina directamente en las personas que necesitan la ayuda y cuánto se consume en mantener la estructura?
Casi la mitad de los ingresos tiene origen público
El dato más relevante quizá esté en la financiación.
La memoria económica de Cruz Roja recoge para 2024 331,1 millones de euros de subvenciones del Estado, 83 millones procedentes de las comunidades autónomas, 33,5 millones de ayuntamientos, 27,5 millones de otras entidades públicas y 10,9 millones de gobiernos provinciales. A ello se suman 15,1 millones procedentes de Loterías y Apuestas del Estado. (Cruz Roja)
En conjunto, estas partidas suponen aproximadamente 45 % de los ingresos de la organización.
Por tanto, decir que Cruz Roja depende exclusivamente de donativos privados sería una descripción muy alejada de sus propias cuentas.
Y aquí aparece el debate que debería interesar especialmente al ciudadano: cuando una organización social recibe una parte tan importante de sus recursos de las administraciones, ¿hasta dónde llega su independencia y dónde comienza su función como ejecutora de políticas públicas?
Ceuta: un ejemplo de esa dependencia
La situación actual de Ceuta permite observar este modelo con claridad.
En agosto de 2026, el Ministerio de Inclusión movilizó 6,5 millones de euros mediante una declaración de emergencia para que Cruz Roja asumiera prioritariamente la atención humanitaria a personas vulnerables en la ciudad. La organización comenzó a repartir alrededor de 4.000 kits de alimentación diarios y prestó asistencia sociosanitaria a miles de personas. (La Moncloa)
La pregunta no es si esa ayuda era necesaria. En una emergencia humanitaria, atender a personas vulnerables resulta perfectamente comprensible.
La cuestión es otra: ¿por qué el Estado recurre sistemáticamente a una organización privada para ejecutar determinadas funciones asistenciales que requieren financiación pública?
Ese modelo puede ser eficiente. Pero también exige transparencia, evaluación de resultados y controles suficientemente claros sobre cada euro público empleado.
La DANA de Valencia demuestra la otra cara
El caso de la DANA de Valencia ofrece una perspectiva diferente.
Cruz Roja movilizó una enorme cantidad de recursos tras la catástrofe. En las primeras semanas consiguió más de 100 millones de euros entre particulares, empresas y administraciones. Posteriormente estableció un plan de recuperación a tres años. (Cruz Roja)
Un año después, la propia organización aseguraba haber atendido a más de 143.000 personas y haber ejecutado 61,5 millones de euros de los 115 millones disponibles para el plan. (Cruz Roja)
Estos datos muestran que sería injusto reducir la actividad de Cruz Roja a sus subvenciones o a sus gastos de estructura. Existe una actividad asistencial real y cuantificable.
Precisamente por eso la exigencia de transparencia debería ser todavía mayor.
¿Y qué ocurre en Menorca?
La cuestión no es ajena a nuestra isla.
En 2025, el Consell Insular de Menorca destinó 75.000 euros a Cruz Roja para el transporte asistido de personas mayores en situación de dependencia y otros 20.000 euros para campañas contra las violencias sexistas durante las fiestas patronales.
Además, en 2024 aparecen ayudas concedidas a Cruz Roja en Alaior y Es Migjorn Gran, entre otras actuaciones vinculadas a las administraciones de la isla. (Cruz Roja)
Incluso el Govern balear aprobó un concierto de unos 3,3 millones de euros para que Cruz Roja gestionara el servicio de teleasistencia entre 2024 y 2026. (Web GOIB)
Es decir, el ciudadano menorquín no solo puede encontrarse con Cruz Roja cuando necesita ayuda: también participa indirectamente en su financiación a través de impuestos.
Los sueldos de la dirección: una cuestión distinta
Otro asunto polémico son las remuneraciones de la alta dirección.
Según las cuentas publicadas, en 2024 Cruz Roja destinó 4,31 millones de euros a remuneraciones de su alta dirección, integrada entonces por 67 personas. La media resultante fue de unos 64.299 euros anuales por persona. (infoLibre)
La cifra puede generar debate, especialmente tratándose de una organización cuya finalidad es social.
Pero conviene no mezclar conceptos: esos 4,31 millones representan una fracción muy pequeña del presupuesto total. El verdadero debate económico está en los 510,9 millones destinados al conjunto de salarios y beneficios de empleados, no en afirmar que los directivos consumen la mitad del presupuesto.
Una ONG con funciones cada vez más públicas
Cruz Roja dispone de un portal de transparencia donde publica cuentas anuales, auditorías, contratos, subvenciones y convenios. (Cruz Roja)
Por tanto, no estamos ante una organización que esconda sus cuentas.
La discusión interesante es más profunda: ¿queremos que determinadas funciones sociales y asistenciales dependan cada vez más de organizaciones privadas financiadas con dinero público?
Y también: ¿cómo se garantiza que esa colaboración no termine convirtiendo a las ONG en instrumentos de la política del Gobierno de turno?
No hay pruebas suficientes para afirmar que Cruz Roja actúe como una organización partidista. Sí existen datos objetivos que demuestran una estrecha relación financiera y operativa con las administraciones.
Y esa relación merece vigilancia.
Porque cuando una entidad gestiona más de 1.100 millones de euros, casi la mitad de sus ingresos procede directa o indirectamente del sector público y sus gastos de personal se acercan a la mitad de todo lo que ingresa, la pregunta ya no debería ser solamente cuánto dinero recibe.
La pregunta fundamental es qué parte de ese dinero llega finalmente al ciudadano y quién controla que llegue donde realmente tiene que llegar.
En Menorca, donde Cruz Roja participa cada año en servicios financiados por las instituciones públicas, tampoco deberíamos mirar hacia otro lado.
AUTOR: A. Mar
ACTUALIZADO: Sábado 29 de Agosto de 2026
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