Cada euro que administra una institución pública sale, directa o indirectamente, del bolsillo de los ciudadanos. En “Son tus impuestos” analizamos dónde acaba ese dinero, cuánto se gasta y qué hay detrás de las grandes partidas de gasto público. Porque conocer cómo se utilizan nuestros impuestos no debería ser una cuestión de ideología, sino de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.
El debate sobre la inmigración suele centrarse en cuántas personas llegan a España. Mucho menos se habla de cuánto cuesta mantener el sistema de acogida y, sobre todo, de quién lo gestiona.
Una publicación difundida recientemente en redes sociales sitúa en 793 millones de euros las cantidades manejadas en 2025 por cuatro grandes organizaciones: Cruz Roja, ACCEM, CEAR y Fundación Cepaim. La cifra procede, según la publicación, de la documentación económica de las propias entidades.
Conviene hacer una precisión: esos 793 millones no significan necesariamente que las cuatro organizaciones hayan recibido esa cantidad exclusivamente para atender a inmigrantes. Son entidades que desarrollan numerosos programas sociales. Sin embargo, la magnitud económica sí plantea una pregunta que merece ser debatida.
¿Debe gestionar el Estado o las ONG?
Cruz Roja, ACCEM, CEAR y otras entidades realizan una labor social que puede resultar necesaria, especialmente cuando las administraciones necesitan capacidad de respuesta inmediata.
El problema aparece cuando lo excepcional comienza a convertirse en estructural.
Si el Estado considera que la acogida, protección, alimentación, alojamiento, integración y seguimiento de determinadas personas constituyen una responsabilidad pública, cabe preguntarse si esas funciones deberían desarrollarse fundamentalmente mediante servicios públicos directamente controlados, auditados y sometidos a criterios homogéneos, en lugar de depender de una red cada vez mayor de entidades externas.
No se trata de cuestionar la labor de los trabajadores o voluntarios. Se trata de preguntar qué modelo resulta más eficiente y quién debe asumir la responsabilidad última.
Menorca también paga la factura
El debate no queda lejos de la realidad menorquina.
En diciembre de 2025, el Govern balear distribuyó 7,78 millones de euros procedentes del Estado entre los cuatro consells para afrontar los costes de atención a menores migrantes no acompañados.
A Menorca le correspondieron 88.694 euros. Mallorca recibió 3,1 millones, Ibiza 728.378 euros y Formentera 3,86 millones.
Y el problema no es únicamente económico. En 2025 el Consell de Menorca y el Govern reclamaron más medios ante la presión sobre el sistema de protección de menores. Posteriormente, en abril de 2026, Menorca llegó a advertir de una ocupación del 129 % de su capacidad.
El coste del modelo merece transparencia
El Gobierno aprobó en 2025 un fondo extraordinario de 100 millones de euros para compensar a las comunidades por los costes derivados de la sobreocupación y traslado de menores extranjeros no acompañados.
La cuestión, por tanto, no debería plantearse únicamente como una discusión entre “estar a favor” o “estar en contra” de las ONG.
La pregunta más incómoda es otra: ¿cuánto cuesta realmente cada plaza, quién cobra por prestar el servicio, qué parte corresponde a personal, instalaciones y suministros y qué resultados se obtienen?
Porque si una política pública necesita cada año más recursos para mantener el mismo problema, quizá haya llegado el momento de evaluar también la política que existe detrás del gasto.
Atender no es solucionar
España tiene una obligación legal de proteger a los menores que se encuentran bajo su tutela. Eso no debería estar en discusión.
Lo que sí puede discutirse democráticamente es cómo se organiza esa protección, cuánto cuesta y qué medidas se adoptan para evitar que la emergencia se convierta en permanente.
Atender a quienes llegan es una obligación. Pero controlar las fronteras, combatir a las mafias, acelerar los procedimientos administrativos y establecer una política migratoria eficaz también son decisiones políticas.
Y ahí está la cuestión que los ciudadanos, incluidos los de Menorca, tienen derecho a plantear: si el dinero público crece año tras año para gestionar las consecuencias, ¿cuándo se dedicará el mismo esfuerzo político a solucionar las causas?
Tu opinión nos importa, te leemos en comentarios.
AUTOR: A. Mar
ACTUALIZADO: Sabado 5 de Septiembre de 2026
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