Mahón descubre la generosidad: no cobrará por un polideportivo cerrado
A veces la realidad supera cualquier intento de sátira.
Con cierto aire de anuncio positivo —casi de logro institucional— el pasado miércoles se comunicó que no se cobrará a los usuarios del polideportivo mientras el servicio permanezca cerrado por obras. Una decisión que, presentada como gesto hacia la ciudadanía, merece al menos una pausa… y una reflexión.
Porque, claro, cobrar por un servicio que no se presta habría sido ya un concepto revolucionario incluso para los estándares más creativos de la gestión pública.
Gracias por no cobrar por lo que no existe
La noticia se ha difundido como si estuviéramos ante una medida excepcional. Pero lo cierto es que no cobrar por un servicio cerrado no es un beneficio. Es, simplemente, lo mínimo exigible.
Lo sorprendente no es la decisión.
Lo sorprendente es que se comunique como si fuera una concesión.
En ese tono, casi podríamos esperar el siguiente titular: “El Ayuntamiento decide no cobrar por el uso de una piscina sin agua”.
La otra cara: pagar por entrar… aunque no puedas usarlo
Mientras se celebra este gesto, hay otra realidad mucho menos visible —y bastante menos amable— que sigue vigente: la implantación de una matrícula obligatoria de 30 euros en el Polideportivo de Mahón.
Una medida que sí tiene efectos reales.
Porque mientras no se cobra por lo que no se puede usar, sí se cobra por acceder. Y ese acceso, en muchos casos, ni siquiera garantiza un servicio completo.
Especialmente para los usuarios de la sala de musculación, que llevan tiempo viendo cómo su espacio habitual se ve afectado por las obras, sin alternativas claras ni soluciones que compensen la situación.
Usuarios desatendidos en nombre de la gestión
Aquí es donde la narrativa se rompe.
Por un lado, se lanza un mensaje de sensibilidad institucional.
Por otro, se mantienen decisiones que penalizan al usuario y facilitan la gestión administrativa.
La matrícula de 30 euros no mejora el servicio. No amplía horarios. No moderniza instalaciones. Simplemente reduce movimientos de usuarios y aumenta la recaudación.
Y en paralelo, quienes sí están dentro del sistema —los que ya pagan— ven cómo su experiencia se deteriora sin demasiadas explicaciones.
Entre el titular y la realidad
La sensación final es incómoda: se comunica bien lo anecdótico, pero se evita profundizar en lo importante.
No cobrar por un servicio cerrado no es una política social.
Es una obligación básica.
Pero cobrar por acceder a un servicio público, dificultar el uso a quienes tienen menos recursos y no ofrecer alternativas durante las obras… eso sí es una decisión política.
Y de las que tienen consecuencias.
Conclusión
Quizá el problema no sea lo que se hace, sino cómo se cuenta.
Porque mientras se presenta como gesto lo que debería ser norma, se normalizan decisiones que afectan directamente al acceso, la equidad y la calidad del servicio.
Y al final, el mensaje que queda no es de generosidad.
Es de desconexión.
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