Sanidad a cambio de votos.

El Gobierno ha aprobado un decreto que facilita el acceso a la sanidad pública mediante una simple declaración responsable para personas que se encuentran en España sin residencia legal.

Sobre el papel, la medida se presenta como un avance en derechos y como un gesto de humanidad. Pero el debate real no está en la superficie del decreto, sino en el trasfondo político que lo acompaña.

Más beneficiarios pero los mismos recursos.

La sanidad pública española atraviesa una situación delicada desde hace años. Las listas de espera se alargan, faltan médicos y enfermeras, y muchos hospitales trabajan por encima de su capacidad. Aun así, el Gobierno decide ampliar el número de usuarios del sistema sin explicar de qué manera se reforzarán los recursos necesarios para sostener esa decisión.

En política rara vez existen decisiones inocentes. Las elecciones se acercan y las políticas sociales se convierten en herramientas para construir apoyos electorales. La ampliación de derechos sanitarios en este contexto no puede analizarse únicamente como una medida sanitaria. También es una decisión política con consecuencias en el terreno electoral.

La cuestión que muchos ciudadanos empiezan a plantearse es sencilla: si el objetivo de esta política es realmente mejorar el sistema sanitario o si forma parte de una estrategia destinada a ampliar la base de apoyo político del Gobierno en las próximas elecciones.

Cuando las decisiones sobre servicios públicos esenciales se toman bajo la lógica del corto plazo político, el riesgo es evidente: el sistema se tensiona, los recursos se reparten cada vez más y los problemas estructurales quedan sin resolver.

Porque cuando la sanidad se convierte en una herramienta electoral, la política deja de pensar en el sistema y empieza a pensar únicamente en las urnas.

Autor: JESÚS JAVALOYAS

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