La Comisión Europea ha aprobado un nuevo mecanismo de subastas de capacidad para España por hasta 9.000 millones de euros en 10 años (aprox. 900 millones al año, dependiendo de las subastas). Este coste lo asumirán los consumidores a través de la factura eléctrica.
Beneficiarios potenciales: Grandes eléctricas como Iberdrola, Naturgy o Endesa, y empresas de almacenamiento.
Coste para consumidores: Se añadirá a la factura de la luz. El importe exacto dependerá de los resultados de las subastas.
Forma parte de una tendencia europea: varios países tienen mecanismos de capacidad para respaldar renovables.
¿Quién paga la transición energética?
La pregunta es sencilla: ¿por qué deben pagar los ciudadanos este nuevo coste?
Durante años se ha insistido en la necesidad de transformar el sistema energético. Se han ocupado miles de hectáreas con parques solares y eólicos, se han modificado paisajes rurales, se han alterado usos agrícolas y se ha pedido a la población que aceptara estas transformaciones en nombre del interés general y de la seguridad energética.
Sin embargo, ahora descubrimos que, además de asumir el impacto territorial, los consumidores deberán financiar un nuevo mecanismo destinado a garantizar la estabilidad del sistema.
Si el modelo era tan sólido, ¿por qué necesita ahora miles de millones adicionales para asegurar su funcionamiento?
Si durante años se justificó la sustitución de fuentes energéticas convencionales por otras renovables alegando eficiencia y sostenibilidad, ¿por qué aparece ahora una factura adicional para garantizar la capacidad de respaldo que antes ya existía?
Mayores costes para los ciudadanos.
Mientras países como Francia mantienen una fuerte apuesta por la energía nuclear como elemento de estabilidad del sistema, España ha seguido un camino diferente. Es una decisión legítima y debatible. Lo que ya resulta más discutible es que los costes derivados de esas decisiones terminen recayendo nuevamente sobre los ciudadanos.
Porque al final siempre aparece la misma respuesta: paga el consumidor.
Paga cuando sube la energía.
Paga cuando se amplían las redes.
Paga cuando se crean nuevos mecanismos de respaldo.
Paga cuando se producen errores de planificación.
Y paga cuando hay que corregir las consecuencias de decisiones tomadas años atrás.
Los ciudadanos ya saben una cosa: que una parte importante de la factura volverá a recaer sobre ellos. La verdadera pregunta ya no es cuánto costará, sino por qué debe pagarlo el consumidor después de años de inversiones, subvenciones, cambios regulatorios y transformaciones del territorio realizadas en nombre de la seguridad energética. Y también quién asume la responsabilidad cuando se reconoce que hacen falta miles de millones adicionales para garantizar la estabilidad del sistema.
¿Donde ha ido a parar el dinero?
Y existe una cuestión adicional que merece una explicación pública. Durante los últimos años España ha recibido decenas de miles de millones de euros procedentes de fondos europeos destinados, entre otros objetivos, a la transición energética, la modernización de infraestructuras y el fortalecimiento de la economía.
Por eso muchos ciudadanos se preguntan hoy: si ya se han movilizado cantidades históricas de dinero público para estos fines, ¿por qué aparece ahora una nueva factura de hasta 9.000 millones de euros que volverán a pagar los consumidores? ¿Qué parte de las inversiones previstas se ha ejecutado? ¿Qué resultados concretos se han obtenido? ¿Y por qué sigue siendo necesario recurrir nuevamente al bolsillo de familias y empresas?
Porque cuando los beneficios se privatizan y las facturas se socializan, ya no estamos hablando únicamente de energía. Estamos hablando de una forma de gobernar donde el riesgo siempre acaba en el mismo lugar: el bolsillo del ciudadano.
Jesús Javaloyas
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