Jordi Pujol, los ERE y la erosión silenciosa de la justicia. Hay casos que no solo pertenecen a los tribunales. Pertenecen a la memoria moral de un país. El de Jordi Pujol es uno de ellos.
«El arquitecto de la Cataluña»
Durante décadas fue presentado como arquitecto de la Cataluña autonómica y referente institucional del catalanismo político. Sin embargo, la confesión de la existencia de dinero oculto en el extranjero durante años abrió una grieta profunda entre el relato público y la realidad. No fue una discrepancia administrativa. Fue un terremoto ético.
Lo verdaderamente grave no es solo la presunta conducta. Es lo ocurrido después.
Quince años de instrucción sin juicio efectivo proyectan una imagen inquietante: la de procedimientos de enorme trascendencia pública que se prolongan hasta diluir su impacto ante la ciudadanía. Cuando el tiempo se convierte en estrategia, la justicia deja de parecer justicia y empieza a parecer una forma de dilatar responsabilidades.
Pero el problema no termina ahí.
En Andalucía, el conocido como caso ERE supuso la confirmación por el Tribunal Supremo de condenas relevantes contra altos responsables públicos. El recorrido posterior de este procedimiento ha mantenido abierto un intenso debate jurídico e institucional sobre el alcance final de las responsabilidades penales en causas vinculadas al poder político.
Resulta difícil explicar a la sociedad que los procesos más graves relacionados con la gestión de recursos públicos acaben envueltos en tiempos extraordinariamente largos y resultados difíciles de comprender para la ciudadanía. La verdad judicial no debería quedar nunca subordinada al desgaste del tiempo.
Porque el problema no es jurídico únicamente. Es democrático.
Cuando dirigentes que han ejercido poder durante décadas no llegan a sentarse ante un tribunal o ven alterado el alcance final de sus responsabilidades tras largos procedimientos judiciales, se debilita la confianza en el principio esencial de igualdad ante la ley.
Tampoco ayuda a reforzar esa confianza la percepción de que determinadas resoluciones judiciales posteriormente corregidas por instancias superiores no tienen consecuencias visibles en la carrera profesional de quienes las dictaron.
No se trata de revancha ni de castigo ejemplarizante. Se trata de igualdad ante la ley. La misma que sostiene cualquier Estado serio. La misma que impide que la política se convierta en refugio frente a la responsabilidad penal.
Una democracia sólida no puede permitirse que quienes han administrado recursos públicos durante décadas queden finalmente al margen del juicio efectivo de sus actos.
Por eso la pregunta es inevitable:
¿Debe la edad avanzada de un político condenado por delitos relacionados con la gestión del dinero público impedir que cumpla íntegramente su responsabilidad ante la justicia?
Autor: JESÚS JAVALOYAS
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